 Atisbos desde "El Refugio" El liberalismo en el porvenir (7) Otto Morales  Contactar |
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1º ) que todos los sectores tengan una representación equitativa en organismos y en listas 2º ) que pueda existir libre examen – característica histórica y capital del partido – de sus programas, para ampliarlos y enriquecerlos; 3º ) que debe estar abierta a la exploración de desconocidos recursos políticos y sociales. Necesita, por lo tanto, vivir actualizando su ideario; la manera de actuar frente a las instituciones, para mejorarlas y con una visión amplía para enjuiciar y dirigir los imprevistos a los que se presenten, en lo nacional y como consecuencia de las ataduras internacionales”. Estos planteamientos, se complementan con lo que aparece en su folleto: “El liberalismo colombiano 1972. Allí se consagran los principios permanentes, el desarrollo económico unido a la justicia social; las transformaciones de la vida internacional, en aspectos de la ciencia y de la economía. Una preocupación del partido debía ser como incorporar a las mujeres a la plenitud de la acción nacional, sin ninguna merma en su destino. Lo mismo que mantener vigilante un nacionalismo moderado.
¿Había que preguntar, el liberalismo, en los últimos años, se ha preocupado de estos cardinales problemas?
Lentamente, fue apareciendo uno de los fenómenos más irregulares en la política. Motivo de crisis que se prolonga sobre el destino del liberalismo. Me refiero a cómo se fueron organizando en el Parlamento, senadores y representantes para imponer que se les dieran “auxilios”. Esta aspiración, es el comienzo de una catástrofe moral, a nivel nacional. El liberalismo predicó y buscó soluciones administrativas contra ellos.
Para evitar que se siguieran entregando, sin una destinación especifica, en los programas de planeación se estableció que no habría un solo gasto que no estuviera contemplado en los Planes de Desarrollo. Y para evitar que ellos se pudieran obtener en lo departamental o municipal, se crearon las Planeaciones Departamentales y Municipales. Además, el Congreso debía elegir la Comisión Permanente para regular la materia. Nunca la eligieron, pues se oponían a ese control. En ocasiones, boicotearon la votación del Presupuesto si no se incluía una partida para los tales y maléficos auxilios.
Para evitar que ello sucediera, se incorporó la tesis de la planeación al sistema administrativo nacional. En la ley 54 de 1939 se consagra el concepto de la concertación y se crean mecanismos para hallarla. Por el artículo 7 del Acto legislativo No. 1 de 1945 se dieron las bases para que en el año de 1946 se pudiera proponer el funcionamiento del Departamento Administrativo de Planeación y servicios técnicos. La Ley 19 de 1958 en el Frente Nacional, la puso a funcionar y en decretos posteriores se hacen los desarrollos.
La Reforma Constitucional de 1968, se orienta básicamente a fortalecer este mecanismo y no podrían decretarse gastos que no estuvieren aprobados en los asuntos relacionados con esta materia. Había un inciso del artículo 72, sino recuerdo mal, por medio del cual los parlamentarios podían presentar sus iniciativas ante las Cámaras o la Comisión cuando se trataba de inversión, creación de un servicio nuevo o “el agotamiento de auxilios o participaciones para empresas o actividades de desarrollo económico y social y que sean incluìdas en los planes generales”.
Pocos años después se introdujeron reformas, en el gobierno del doctor Turbay, y allí se hablaba de “las inversiones para impulsar el desarrollo regional y que se debatiría en la Comisión del Presupuesto”, que fue lo que se propuso eliminar con la Comisión Permanente y la inclusión de las obras en los planes de desarrollo. Esto Facilitaba la repartición de los auxilios con sentido clientelista. Porque se hubiera podido idear otro mecanismo. Algunos hablan del “situado fiscal” que era darle un cauce administrativo a esos dineros. No se pensó en ello. El sistema es aberrante y Lleras Restrepo, No. 243, de su publicación, “Nueva Frontera” del 6-12 de 1979, lo describe:
“Personalmente yo, desde hace muchos años, y “Nueva Frontera” de manera constante, hemos combatido la política de los auxilios que para los màs variados fines votan los parlamentarios, o, mejor dicho, incluyen en el presupuesto sin examen alguno después de que, tras un degradante regateo, el ministro de Hacienda acepta un suma global que se reparte entre senadores y representantes, no sin que los dignatarios de la Comisión de Presupuestos, se reserven la parte del león. Cada representante o senador asigna su porción como le viene en gana, o, mejor dicho, como conviene a sus intereses electorales y en ocasiones a su propia conveniencia personal. La inclusión de esas partidas en el presupuesto nunca corresponde a la expresión de la voluntad colectiva del Congreso expresada concientemente, procedida de un análisis de la necesidad a que se dice querer dar atención. El procedimiento envuelve un doble juego que afecta a la vez la independencia del Congreso y el buen manejo de los recursos fiscales. El ministro de Hacienda acepta entregar una suma global, que ha ido subiendo año tras año, a la voracidad de los parlamentarios; sin eso no camina el proyecto de presupuesto en la Comisión. Prácticamente el trabajo de Congreso, en relación con la pieza maestra de la política gubernamental, el presupuesto de rentas y gastos, se reduce a arrancar al gobierno esa partida y luego a recibir su arbitraria repartición.
Esa plata se manejaba alegremente: muchos congresistas en sus chequeras personales. Otros establecieron “Fundaciones”, que eran mascarones de proa para poder avanzar – sin control público – en el abuso de esos dineros oficiales. El país recuerda los escándalos cuando se investigaron esas “fundaciones”. La inmoralidad se dejó crecer. Esto dañó al partido, dio nacimiento a otra aberración política: el clientelismo.
¿Había que preguntar, el liberalismo, en los últimos años, se ha preocupado de estos cardinales problemas?
Lentamente, fue apareciendo uno de los fenómenos más irregulares en la política. Motivo de crisis que se prolonga sobre el destino del liberalismo. Me refiero a cómo se fueron organizando en el Parlamento, senadores y representantes para imponer que se les dieran “auxilios”. Esta aspiración, es el comienzo de una catástrofe moral, a nivel nacional. El liberalismo predicó y buscó soluciones administrativas contra ellos.
Para evitar que se siguieran entregando, sin una destinación especifica, en los programas de planeación se estableció que no habría un solo gasto que no estuviera contemplado en los Planes de Desarrollo. Y para evitar que ellos se pudieran obtener en lo departamental o municipal, se crearon las Planeaciones Departamentales y Municipales. Además, el Congreso debía elegir la Comisión Permanente para regular la materia. Nunca la eligieron, pues se oponían a ese control. En ocasiones, boicotearon la votación del Presupuesto si no se incluía una partida para los tales y maléficos auxilios.
Para evitar que ello sucediera, se incorporó la tesis de la planeación al sistema administrativo nacional. En la ley 54 de 1939 se consagra el concepto de la concertación y se crean mecanismos para hallarla. Por el artículo 7 del Acto legislativo No. 1 de 1945 se dieron las bases para que en el año de 1946 se pudiera proponer el funcionamiento del Departamento Administrativo de Planeación y servicios técnicos. La Ley 19 de 1958 en el Frente Nacional, la puso a funcionar y en decretos posteriores se hacen los desarrollos.
La Reforma Constitucional de 1968, se orienta básicamente a fortalecer este mecanismo y no podrían decretarse gastos que no estuvieren aprobados en los asuntos relacionados con esta materia. Había un inciso del artículo 72, sino recuerdo mal, por medio del cual los parlamentarios podían presentar sus iniciativas ante las Cámaras o la Comisión cuando se trataba de inversión, creación de un servicio nuevo o “el agotamiento de auxilios o participaciones para empresas o actividades de desarrollo económico y social y que sean incluìdas en los planes generales”.
Pocos años después se introdujeron reformas, en el gobierno del doctor Turbay, y allí se hablaba de “las inversiones para impulsar el desarrollo regional y que se debatiría en la Comisión del Presupuesto”, que fue lo que se propuso eliminar con la Comisión Permanente y la inclusión de las obras en los planes de desarrollo. Esto Facilitaba la repartición de los auxilios con sentido clientelista. Porque se hubiera podido idear otro mecanismo. Algunos hablan del “situado fiscal” que era darle un cauce administrativo a esos dineros. No se pensó en ello. El sistema es aberrante y Lleras Restrepo, No. 243, de su publicación, “Nueva Frontera” del 6-12 de 1979, lo describe:
“Personalmente yo, desde hace muchos años, y “Nueva Frontera” de manera constante, hemos combatido la política de los auxilios que para los màs variados fines votan los parlamentarios, o, mejor dicho, incluyen en el presupuesto sin examen alguno después de que, tras un degradante regateo, el ministro de Hacienda acepta un suma global que se reparte entre senadores y representantes, no sin que los dignatarios de la Comisión de Presupuestos, se reserven la parte del león. Cada representante o senador asigna su porción como le viene en gana, o, mejor dicho, como conviene a sus intereses electorales y en ocasiones a su propia conveniencia personal. La inclusión de esas partidas en el presupuesto nunca corresponde a la expresión de la voluntad colectiva del Congreso expresada concientemente, procedida de un análisis de la necesidad a que se dice querer dar atención. El procedimiento envuelve un doble juego que afecta a la vez la independencia del Congreso y el buen manejo de los recursos fiscales. El ministro de Hacienda acepta entregar una suma global, que ha ido subiendo año tras año, a la voracidad de los parlamentarios; sin eso no camina el proyecto de presupuesto en la Comisión. Prácticamente el trabajo de Congreso, en relación con la pieza maestra de la política gubernamental, el presupuesto de rentas y gastos, se reduce a arrancar al gobierno esa partida y luego a recibir su arbitraria repartición.
Esa plata se manejaba alegremente: muchos congresistas en sus chequeras personales. Otros establecieron “Fundaciones”, que eran mascarones de proa para poder avanzar – sin control público – en el abuso de esos dineros oficiales. El país recuerda los escándalos cuando se investigaron esas “fundaciones”. La inmoralidad se dejó crecer. Esto dañó al partido, dio nacimiento a otra aberración política: el clientelismo.
¿Equidad o despojo?
SE aduce por parte del Gobierno que la reforma que propone al régimen de regalías se funda en cuatro principios fundamentales, a saber: equidad regional, social e intergeneracional; ahorro para el futuro; competitividad regional y buen gobierno.
En todo caso, aunque el Proyecto de Acto Legislativo sólo contempla dos artículos, debieron tomarse 58 páginas en la exposición de motivos para tratar de demostrar sin éxito que son razones de equidad las que han movido al Gobierno a presentar semejante esperpento.
Ya se quejaba el ex ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, en una de sus habituales columnas de prensa que algunas regiones del país “se benefician desproporcionadamente por un accidente geográfico o geológico: porque hay depósitos de minerales en su territorio que son propiedad de todos los colombianos, pero que usufructúan solamente los que tienen los yacimientos cerca”.
Claro, que otras regiones del país distintas a estas usufructúan de otros “accidentes geográficos” tales como la feracidad de sus tierras que han hecho de ellas verdaderos emporios agroindustriales, en otras su topografía ha hecho posible la construcción de enormes represas que alimentan complejos hidroeléctricos de la mayor importancia y así sucesivamente. Qué le vamos a hacer si los hallazgos de minerales e hidrocarburos son un premio que se recibe de la aleatoriedad propia de la lotería geológica, que es impredecible y caprichosa.
Es comprensible que cada una de las regiones trate de sacarles partida a sus ventajas comparativas producto de la dotación de la naturaleza, las cuales compensan en alguna medida sus otras carencias.
Será por aquello de la “maldición de los recursos naturales” que el mismo Hommes plantea que “Las entidades territoriales del área donde se ubican las minas deberían estar al final de la cola de beneficiarios y no de primeras”, es decir, en la cola de la cola (¡!), habrase visto? Como diría el poeta, estas son las razones de la sinrazón que mi corazón se resiste a entender.
Como bien dijo El Heraldo, “Los cambios no pueden darse en un marco de derrota brutal de las regiones a manos del poder central”. De modo que no sólo es dable consultar el interés del gobierno central, sino también el de las regiones que podrían salir lesionadas de prosperar la iniciativa gubernamental de cambiar el régimen de regalías.
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