EL OPTIMISMO ANTE LA TRAGEDIA, escribe Juan Manuel López Caballero en la revista Dinero

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Publicado: 01/21/2011

"El optimismo ante la tragedia

La facilidad con que ahora parecen estar de acuerdo todos los que han impuesto y manejado el modelo neoliberal con lo que en la práctica son los postulados que lo cuestionaban es, por decir lo menos, desconcertante.
Por: Juan Manuel López Caballero

Sorprendente la seguridad que muestran los gurús económicos (tanto los del 'conocimiento' como las autoridades) respecto a que la tragedia invernal será el estímulo para una reactivación económica y el relanzamiento del anhelado crecimiento del PIB. Y no porque no sea cierto, sino por dos razones que vuelven esa posición paradójica: una, porque no hacen mención siquiera de por qué solo cuando se presenta tal catástrofe se pueden tomar las medidas que producen tales efectos; la otra, porque es reivindicar la tesis (keynesiana) de que la demanda es el motor de la economía y de que por eso es determinante la intervención del Estado.

La facilidad con que ahora parecen estar de acuerdo todos los que han impuesto y manejado el modelo neoliberal con lo que en la práctica son los postulados que lo cuestionaban es, por decir lo menos, desconcertante.

La situación sería parecida a la de la Gran Depresión de los 30 o a la de la postguerra en Europa. Las teorías keynesianas que luego conformarían el análisis macroeconómico sustituyeron en ese momento la teoría prevaleciente entonces de la función del equilibrio natural de los mercados y de la oferta por parte de los particulares, como eje central de la economía. Con el éxito de esas recetas, bajo Roosevelt y el New Deal, y después para la recuperación europea con el Plan Marshall, se ratificó la conveniencia del intervencionismo de Estado usando medidas fiscales y monetarias para mitigar las recesiones y crisis cíclicas.

Pero con la caída del modelo socialista y el desbordamiento del poder, no solo del capitalismo sino de los capitalistas, se impuso como base del nuevo ordenamiento social la libre competencia, la reducción de la intervención del Estado y el imperio del Mercado bajo el modelo del Neoliberalismo.

El paralelo es aplicable tanto en cuanto a la situación del país como en cuanto a las teorías y políticas económicas que hoy prevalecen.

Pero dejando de lado lo sorprendente de esa actitud y tomando esto como un aspecto positivo, toca ver en qué medida su aplicación es reflexiva y correcta.

Una primera duda es respecto a la coyuntura que vive el país: se ha tomado como cierto que la baja inflación y la afluencia de inversión extranjera son síntomas y a la vez factores de mejoría. Pero analistas, como Eduardo Sarmiento, han sido insistentes en que la reducida alza del costo de vida se debe a la escasez de demanda, y que esta no responde a un fenómeno cíclico sino a un modelo inadecuado que no permite la reactivación y el crecimiento que el país busca. Y el hecho de que la inversión extranjera esté concentrada en la minería -petróleo sobre todo- responde solo a los altos precios y a que es aquí donde se encuentra; poco aporta del lado positivo -puesto que es una actividad extractiva que no genera riqueza ni empleo-, pero en cambio perjudica las actividades exportadoras, al estimular la revaluación del peso.

El resumen de la teoría es que el propósito debe ser aumentar la demanda agregada mediante incremento del gasto público y estímulo al consumo privado, lo cual se puede lograr en principio con mayores inversiones del Estado y con expansión del crédito, buscando por esa vía aumento del ingreso y del gasto de la población.

Pero resulta que, como lo señala Salomón Kalmanovitz, el aumento que se decretó del salario mínimo no resuelve el problema de la contracción de la capacidad adquisitiva del salario. De hecho, serias dudas se presentan sobre su constitucionalidad, puesto que el incremento es inferior al 3,48% de la inflación causada para los estratos bajos (más del 90% de la fuerza laboral pertenece a ese estrato, y más del 70% recibe igual o menos que el salario mínimo). El pequeño incremento que decretó posteriormente el presidente Santos parece solo encaminado a evitar este debate, y no a atender el aspecto social de lo que esto significa; es solo la corrección aritmética del error cometido al calcular sobre una inflación más baja de la que realmente se dio. Pero más allá de lo cuestionable social y jurídicamente de este ajuste, su efecto para la reactivación será negativo. No solo no aumenta el poder adquisitivo del bajo ingreso de los trabajadores sino que no contrarresta el efecto del aumento de la oferta de mano de obra por las inundaciones.

Desde el punto de vista de la justicia social es un elemento bueno que se grave a los ricos, no solo por ser esto 'equitativo y saludable', sino por solidaridad, para que todos compartamos los males que le caen al país. Pero desde el punto de vista económico -por lo menos del análisis keynesiano- esto no contribuye a aumentar la demanda agregada, luego no estimula la recuperación.

Otro punto a evaluar es que el sector donde se causaron los mayores perjuicios es en la producción agrícola. No se verá esto en la oferta en los mercados porque las pérdidas son sobre todo de campesinos que vivían de su pancoger; pero por lo mismo, sí en la demanda y consecuentemente en los precios. Como parte del plan de desarrollo esa 'locomotora' está descarrilada y difícil se ve cómo ponerla en marcha; la solución obvia, la importación de alimentos, puede responder a la escasez y a la demanda, pero agrava los problemas de lo que queda como producción.

Debe ser claro que solo los nuevos ingresos que se logren para el Estado podrán tener efectos económicos positivos, ya que, como lo destaca Mauricio Cabrera, el traslado de partidas para destinarlas al alivio de los damnificados cumple una función social pero no cambia las variables económicas previstas en el plan de desarrollo.

Para efectos del empleo la medida divulgada por la Viceministra de Salud es que se crearán 50.000 empleos de 'emergencia' para asignar entre los damnificados. Siendo 350.000 las familias y asumiendo que el ingreso lo producían solo en promedio una persona y media por familia (o sea, 500.000 personas) esto subsanaría apenas el 10% del empleo perdido. Más grave aún es que, según las mismas declaraciones, se les pagaría entre $250.000 y $390.000, lo cual -además de ser menos del salario mínimo y en consecuencia ilegal- implica que solo se reemplaza el ingreso equivalente al orden del 6% de lo que se pierde.

Esto refleja además la dificultad para implementar medidas para la recuperación y al mismo tiempo corregir el desequilibrio social de que los pobres siempre queden marginados o desamparados en relación a las oportunidades que da el Estado: la exclusión misma que los relega a condiciones de autosuficiencia hace que ni se considere su contribución a la economía nacional ni existan los mecanismos para que el Estado, a través y en beneficio de ellos, pueda instrumentar las políticas de reactivación (¿un campesino contratista del Estado).

Reconocer la dimensión de la tragedia y las enormes dificultades para afrontarla no debe significar asumir que cualquier solución es buena. Menos convertirla o presentarla como algo positivo. Por necesidad, todo será improvisado; pero debe serlo en un marco conceptual definido. Es más importante el socio político, en el sentido de reorientar el interés del Estado más hacia la justicia y la armonía social que al desarrollo económico, más a la atención de los marginados y excluidos que al apoyo a los que se han apoderado de él. Pero también siguiendo en forma coherente y siendo consistente y consecuente con alguna teoría económica concreta".