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 Opinión libre Se gestan nuevos raponazos Alejandro Cifuentes Sanchez  Contactar |
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Para la Tutela, se aduce “el abuso que se está haciendo del recurso que tiene congestionado el sistema de justicia del país”. Sin desconocer los casos extremos, bien vale preguntar si en realidad existe el tal abuso o, por el contrario, lo que hay es un desconocimiento sistemático y generalizado de los derechos fundamentales, especialmente en salud –ése sí un abuso contra el país nacional–. Entonces, como la gente ha aprendido a reclamar, hay muchos reclamos vía tutela (único recurso disponible) que, desde luego, congestionan el atiborrado y agotado aparato judicial del país, con un agravante real: falta de voluntad política para satisfacer esos derechos. Entonces, la vía fácil: recortemos la norma que los favorece; hablando claro, amputar la mano para que el paciente no se queje de uñeros.
En lo de la Regalías: la CP (Arts. 360 y 361) consagra el derecho de las regiones a participar de las rentas producidas por la explotación de los recursos naturales no renovables del país, y la creación de un fondo para repartir parte de ellas entre las regiones que no tienen esos recursos. Ahora, a semejanza de lo que se hizo con las Transferencias, se propone despojar a municipios y departamentos de los recursos que les otorgan la Constitución y la Ley. Recordemos que, en el caso de las Transferencias, con una enorme campaña publicitaria –por todos los medios posibles se buscó convencernos de que, tratándose de recursos para salud y educación, dos menos uno igual tres (2 – 1 = 3)– y el pupitrazo de la bancada uribista, se despojó a departamentos y municipios de parte de las rentas que la nación debía transferirles. Ahora, que se pronostica bonanza en el sector minero, el turno es para las Regalías. Se promocionan buenos propósitos de todo tipo–mayor equidad, más solidaridad interregional e intergeneracional, supuesto ahorro para el tiempo de las vacas flacas, etc.– y se magnifican las pérdidas por corrupción regional –como si a nivel nacional fuera diferente–. Desde luego, el cáncer de la corrupción también hace su agosto en las rentas municipales y departamentales –regalías, recursos de la salud, recursos de la educación, rentas propias– pero, curiosamente, sobre esos dineros hay control de la nación –que pasa de agache– y, sospechosamente, muchos de ellos caen finalmente en fondos de reconocidos grupos económicos y financieros.
Por último, algunos interrogantes: si hay control nacional –interventorías, auditorías, contralorías, fiscalías– ¿por qué no hay verdadero control y la culpabilidad recae sólo en las regiones? ¿Será menor la corrupción a nivel nacional? ¿Se requiere una reforma constitucional cuando es la ley la que autoriza cuánto y cómo se reparte? ¿Por qué el Fiscal prende el escándalo mediático pero no acude al Congreso a responder? Con facilidad se puede deducir que el gobierno nacional quiere despojar a las regiones de los recursos que les son absolutamente necesarias para su descentralización y poderlos utilizar a su amaño y necesidades –déficit fiscal, servicio de la deuda externa, grandes proyectos nacionales en los que las mordidas son mayores– sin control alguno ya que “esos recursos estarán por fuera del Presupuesto Nacional”. Todo, para acrecentar el centralismo.
En lo de la Regalías: la CP (Arts. 360 y 361) consagra el derecho de las regiones a participar de las rentas producidas por la explotación de los recursos naturales no renovables del país, y la creación de un fondo para repartir parte de ellas entre las regiones que no tienen esos recursos. Ahora, a semejanza de lo que se hizo con las Transferencias, se propone despojar a municipios y departamentos de los recursos que les otorgan la Constitución y la Ley. Recordemos que, en el caso de las Transferencias, con una enorme campaña publicitaria –por todos los medios posibles se buscó convencernos de que, tratándose de recursos para salud y educación, dos menos uno igual tres (2 – 1 = 3)– y el pupitrazo de la bancada uribista, se despojó a departamentos y municipios de parte de las rentas que la nación debía transferirles. Ahora, que se pronostica bonanza en el sector minero, el turno es para las Regalías. Se promocionan buenos propósitos de todo tipo–mayor equidad, más solidaridad interregional e intergeneracional, supuesto ahorro para el tiempo de las vacas flacas, etc.– y se magnifican las pérdidas por corrupción regional –como si a nivel nacional fuera diferente–. Desde luego, el cáncer de la corrupción también hace su agosto en las rentas municipales y departamentales –regalías, recursos de la salud, recursos de la educación, rentas propias– pero, curiosamente, sobre esos dineros hay control de la nación –que pasa de agache– y, sospechosamente, muchos de ellos caen finalmente en fondos de reconocidos grupos económicos y financieros.
Por último, algunos interrogantes: si hay control nacional –interventorías, auditorías, contralorías, fiscalías– ¿por qué no hay verdadero control y la culpabilidad recae sólo en las regiones? ¿Será menor la corrupción a nivel nacional? ¿Se requiere una reforma constitucional cuando es la ley la que autoriza cuánto y cómo se reparte? ¿Por qué el Fiscal prende el escándalo mediático pero no acude al Congreso a responder? Con facilidad se puede deducir que el gobierno nacional quiere despojar a las regiones de los recursos que les son absolutamente necesarias para su descentralización y poderlos utilizar a su amaño y necesidades –déficit fiscal, servicio de la deuda externa, grandes proyectos nacionales en los que las mordidas son mayores– sin control alguno ya que “esos recursos estarán por fuera del Presupuesto Nacional”. Todo, para acrecentar el centralismo.
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