 ¿Cuál Reforma Agraria? Jorge Arango Mejía  Contactar |
| |||||||||||||||||
El cambio en la explotación de la tierra, en las relaciones entre quienes la trabajan y los dueños, fue uno de los temas de Carlos Lleras Restrepo. Durante su gobierno, maniatado por las reglas del Frente Nacional, hizo todo lo que pudo para poner realmente en vigencia la ley de reforma agraria, 135 de 1961, que se había dictado durante la administración de Alberto Lleras. Cuando aspiró por segunda vez a la presidencia, en 1977, el problema de los campesinos sin tierra fue una de sus banderas, y esto le valió la enemistad de los terratenientes de la Costa, muchos de los cuales además de latifundios tenían votos. Carlos Lleras siempre recordaba las palabras de Alejandro López, uno de los grandes pensadores liberales que ha dado Antioquia: “Colombia no puede ser más un país de peones.”
La ley 135 pasó a mejor vida cuando en el gobierno de Pastrana, en 1971, se negoció el Acuerdo de Chicoral. Hasta ahí llegó la reforma agraria.
Ahora se anuncia como un gran paso la entrega de 17.000 hectáreas a unos desplazados por la violencia de guerrilleros y paramilitares, vale decir, de bandoleros, porque lo mismo son los unos y los otros. La verdad es otra: en este gobierno no habrá reforma agraria. ¿Por qué?
Porque en los últimos años el país ha aceptado la tesis conservadora de que basta aumentar la productividad y, por consiguiente, la producción sin redistribuir la tierra. Es, en esta materia, la falacia de crecer la torta para repartirla después, cuando la verdad es lo contrario: mientras más crece menos son sus dueños y más abusan de su condición. Además, ¿qué son 17.000 hectáreas para quince millones de campesinos? Apenas un chiste cruel.
Para colmo de desgracias, los dineros del narcotráfico y la alianza de sus empresarios con los bandoleros, arrebataron las tierras a campesinos que hoy padecen hambre en las ciudades.
Quienes han dirigido el Liberalismo en los últimos años, olvidaron que mejorar la situación de quienes labran la tierra, ha sido siempre una de sus banderas. En la primera administración de Alfonso López, en 1936, el Congreso aprobó la ley 200 que en su momento fue una revolución. En esa época el conservador José Camacho Carreño y el liberal -pues decía serlo- Juan Lozano y Lozano (abuelo del actual presidente del partido de la U) fundaron la A. P. E. N. y desde el periódico La Razón empezaron una encarnizada campaña para defender el “sagrado derecho de propiedad", según ellos amenazado por el artículo 30 de la Constitución, aprobado en la reforma de 1936, que definía ese derecho como una función social que implica obligaciones.
Que se tranquilicen los terratenientes: no habrá reforma agraria. Para los campesinos la justicia seguirá siendo una virtud lejana, buena para divagar sobre ella o adornar discursos pero no para aplicarla.
Posdata: ojalá los delitos de los que se dedicaban al espionaje telefónico, no queden cubiertos por el manto de la prescripción. Sería una vergüenza. Que se haga justicia, es el clamor de los colombianos, cansados de la impunidad. ¿Y dónde quedó la dignidad de Sabas, quien no renuncia y sigue pleiteando, mientras saborea las mieles de la vida.
Ahora se anuncia como un gran paso la entrega de 17.000 hectáreas a unos desplazados por la violencia de guerrilleros y paramilitares, vale decir, de bandoleros, porque lo mismo son los unos y los otros. La verdad es otra: en este gobierno no habrá reforma agraria. ¿Por qué?
Porque en los últimos años el país ha aceptado la tesis conservadora de que basta aumentar la productividad y, por consiguiente, la producción sin redistribuir la tierra. Es, en esta materia, la falacia de crecer la torta para repartirla después, cuando la verdad es lo contrario: mientras más crece menos son sus dueños y más abusan de su condición. Además, ¿qué son 17.000 hectáreas para quince millones de campesinos? Apenas un chiste cruel.
Para colmo de desgracias, los dineros del narcotráfico y la alianza de sus empresarios con los bandoleros, arrebataron las tierras a campesinos que hoy padecen hambre en las ciudades.
Quienes han dirigido el Liberalismo en los últimos años, olvidaron que mejorar la situación de quienes labran la tierra, ha sido siempre una de sus banderas. En la primera administración de Alfonso López, en 1936, el Congreso aprobó la ley 200 que en su momento fue una revolución. En esa época el conservador José Camacho Carreño y el liberal -pues decía serlo- Juan Lozano y Lozano (abuelo del actual presidente del partido de la U) fundaron la A. P. E. N. y desde el periódico La Razón empezaron una encarnizada campaña para defender el “sagrado derecho de propiedad", según ellos amenazado por el artículo 30 de la Constitución, aprobado en la reforma de 1936, que definía ese derecho como una función social que implica obligaciones.
Que se tranquilicen los terratenientes: no habrá reforma agraria. Para los campesinos la justicia seguirá siendo una virtud lejana, buena para divagar sobre ella o adornar discursos pero no para aplicarla.
Posdata: ojalá los delitos de los que se dedicaban al espionaje telefónico, no queden cubiertos por el manto de la prescripción. Sería una vergüenza. Que se haga justicia, es el clamor de los colombianos, cansados de la impunidad. ¿Y dónde quedó la dignidad de Sabas, quien no renuncia y sigue pleiteando, mientras saborea las mieles de la vida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario