LADRONES DE TIERRAS: COLUMNA DE JAVIER DARÍO RESTREPO EN EL HERALDO DE BARRANQUILLA

http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/C/colladrones_de_tierras/colladrones_de_tierras.asp?CodSeccion=52 Ladrones de tierras

Por Javier Darío Restrepo Algún amable lector se asustó al leer en la pasada columna las criminales actuaciones de militares y paramilitares contra la comunidad campesina de san José de Apartadó. Se negaba a creer que tamaña perversidad fuera posible. Peor es la historia de los ladrones de tierras. Comienzo con las 22.700 hectáreas de Carimagua destinadas a los desplazados, que un ministro quiso robarles para entregarlas a los ricos empresarios del campo, bajo la convicción de que los empresarios grandes son los que producen y los pequeños nacieron para peones. Es una de las rectificaciones del gobierno Santos a la política agraria del presidente Uribe. Pero la mayor rectificación tendrá que ver con los cuatro millones de desplazados a quienes les robaron 5 millones 500 mil hectáreas en una operación en la que han intervenido como un cartel de tierras, los notarios que firmaron, sellaron y autenticaron escrituras de propiedades en que al dueño lo intimidaron a bala, o lo asesinaron para que la viuda firmara, o lo corrieron, o lo suplantaron; en la misma línea estuvieron los funcionarios de los registros y el mismo Incora. A este instituto le tocaba impedir que las tierras abandonadas por los desplazados resultaran con dueños de última hora, pero no lo hizo porque, dijeron, no sabía hacerlo. A estos personajes se unieron militares como los que en Urabá sirvieron de primera avanza para los palmeros que hoy extraen y refinan aceite en las tierras de otros. Cuando el presidente Uribe, de un plumazo, le puso fin a la historia del Incora, creó su reemplazo, el Incoder, con un decreto en el que fijó sus objetivos, su funcionamiento, su estructura, pero en ningún momento se le asignaron tareas para los cuatro millones de desplazados, todos ellos privados de sus tierras, todos ellos con la necesidad de volver a la tierra. El Procurador Edgardo Maya, no pudo callar. En la creación de ese instituto leyó “el mensaje de la invisibilización del drama del desplazado. Les habían robado sus tierras, los ignoraban y adeimas el despojo se legalizó. Hubo leyes, la 387 de1997 sobre los derechos d elos desplazados; hubo un decreto, el 2007 de 2001 sobre los mecanismos de protección de esta población; hubo sentencias de la Corte Constitucional que obligaban al cumplimiento de las leyes, pero todo en vano. Las cifras son abrumadoras: de los cinco millones 500 mil hectáreas, han sido devueltas 17.000 hectáreas dentro de un fondo de tierras de Justicia y Paz; en regiones como Urabá donde la expoliación fue en grande, han devuelto 4000 hectáreas y en Córdoba y Sucre sólo 1.500, pero son tierras que en unos casos son eriales, en otros llenas de deudas y lo peor, rodeadas de amenazas. Hasta ahora se sabe que han muerto 41 de los que se atrevieron a reclamarlo que era suyo. Encontraron que, además de ladrones, también son asesinos los que se quedaron con sus tierras. Es increíble, pero no nuevo. Si se fuera a hacer arqueología en las escrituras de las propiedades rurales colombianas para averiguar su pasado, la investigación conduciría, ¡en cuántos casos! a una historia de despojo. Ya es suficientemente escandaloso saber que el 0.4% de los propietarios concentra el 62.6% de la tierra y que el 86.3% tiene que contentarse con el 8.8% de la tierra. Quizás estos hechos expliquen el origen de muchos de nuestros males. La historia demuestra que la injusta distribución de la tierra “ es una fórmula segura para el subdesarrollo;” expresión del columnista Francisco Gutiérrez; y agréguese que sobre tierras robadas nunca podrá haber paz.