Como lo enunciamos en la anterior columna, los Estatutos de Lleras Restrepo, se orientaban a que el liberalismo siempre tuviera unidad. En el prólogo que escribí a mi libro “Origen, programas y tesis del liberalismo”, puntualicé: “Lo que proponen los estatutos es que haya una representación equitativa de las tendencias en organismos directivos y en las listas oficiales de la colectividad. Que la obligación “es buscar la unidad de ésta, dentro de las líneas del libre análisis de sus programas y su adaptación a las nuevas condiciones políticas y sociales del país”. Varios elementos se integran en ésta definición: 1º) que todos los sectores tengan una representación equitativa en organismos y en listas 2º) que pueda existir libre examen – característica histórica y capital del partido – de sus programas, para ampliarlos y enriquecerlos; 3º ) que debe estar abierta a la exploración de desconocidos recursos políticos y sociales. Necesita, por lo tanto, vivir actualizando su ideario; la manera de actuar frente a las instituciones, para mejorarlas y con una visión amplía para enjuiciar y dirigir los imprevistos a los que se presenten, en lo nacional y como consecuencia de las ataduras internacionales”. Estos planteamientos, se complementan con lo que aparece en su folleto: “El liberalismo colombiano 1972. Allí se consagran los principios permanentes, el desarrollo económico unido a la justicia social; las transformaciones de la vida internacional, en aspectos de la ciencia y de la economía. Una preocupación del partido debía ser como incorporar a las mujeres a la plenitud de la acción nacional, sin ninguna merma en su destino. Lo mismo que mantener vigilante un nacionalismo moderado.
¿Había que preguntar, el liberalismo, en los últimos años, se ha preocupado de estos cardinales problemas?
Lentamente, fue apareciendo uno de los fenómenos màs irregulares en la política. Motivo de crisis que se prolonga sobre el destino del liberalismo. Me refiero a cómo se fueron organizando en el Parlamento, senadores y representantes para imponer que se les dieran “auxilios”. Esta aspiración, es el comienzo de una catástrofe moral, a nivel nacional. El liberalismo predicó y buscó soluciones administrativas contra ellos.
Para evitar que se siguieran entregando, sin una destinación especifica, en los programas de planeación se estableció que no habría un solo gasto que no estuviera contemplado en los Planes de Desarrollo. Y para evitar que ellos se pudieran obtener en lo departamental o municipal, se crearon las Planeaciones Departamentales y Municipales. Además, el Congreso debía elegir la Comisión Permanente para regular la materia. Nunca la eligieron, pues se oponían a ese control. En ocasiones, boicotearon la votación del Presupuesto si no se incluía una partida para los tales y maléficos auxilios.
Para evitar que ello sucediera, se incorporó la tesis de la planeación al sistema administrativo nacional. En la ley 54 de 1939 se consagra el concepto de la concertación y se crean mecanismos para hallarla. Por el artículo 7 del Acto legislativo No. 1 de 1945 se dieron las bases para que en el año de 1946 se pudiera proponer el funcionamiento del Departamento Administrativo de Planeación y servicios técnicas. La Ley 19 de 1958 en el Frente Nacional, la puso a funcionar y en decretos posteriores se hacen los desarrollos.
La Reforma Constitucional de 1968, se orienta básicamente a fortalecer este mecanismo y no podrían decretarse gastos que no estuvieren aprobados en los asuntos relacionados con esta materia. Había un inciso del artículo 72, sino recuerdo mal, por medio del cual los parlamentarios podían presentar sus iniciativas ante las Cámaras o la Comisión cuando se trataba de inversión, creación de un servicio nuevo o “el agotamiento de auxilios o participaciones para empresas o actividades de desarrollo económico y social y que sean incluidas en los planes generales”.
Pocos años después se introdujeron reformas, en el gobierno del doctor Turbay, y allí se hablaba de “las inversiones para impulsar el desarrollo regional y que se debatiría en la Comisión del Presupuesto”, que fue lo que se propuso eliminar con la Comisión Permanente y la inclusión de las obras en los planes de desarrollo. Esto Facilitaba la repartición de los auxilios con sentido clientelista. Porque se hubiera podido idear otro mecanismo. Algunos hablan del “situado fiscal” que era darle un cauce administrativo a esos dineros. No se pensó en ello. El sistema es aberrante y Lleras Restrepo, No. 243, de su publicación, “Nueva Frontera” del 6-12 de 1979, lo describe:
“Personalmente yo, desde hace muchos años, y “Nueva Frontera” de manera constante, hemos combatido la política de los auxilios que para los màs variados fines votan los parlamentarios, o, mejor dicho, incluyen en el presupuesto sin examen alguno después de que, tras un degradante regateo, el ministro de Hacienda acepta un suma global que se reparte entre senadores y representantes, no sin que los dignatarios de la Comisión de Presupuestos, se reserven la parte del león. Cada representante o senador asigna su porción como le viene en gana, o, mejor dicho, como conviene a sus intereses electorales y en ocasiones a su propia conveniencia personal. La inclusión de esas partidas en el presupuesto nunca corresponde a la expresión de la voluntad colectiva del Congreso expresada concientemente, procedida de un análisis de la necesidad a que se dice querer dar atención. El procedimiento envuelve un doble juego que afecta a la vez la independencia del Congreso y el buen manejo de los recursos fiscales. El ministro de Hacienda acepta entregar una suma global, que ha ido subiendo año tras año, a la voracidad de los parlamentarios; sin eso no camina el proyecto de presupuesto en la Comisión. Prácticamente el trabajo de Congreso, en relación con la pieza maestra de la política gubernamental, el presupuesto de rentas y gastos, se reduce a arrancar al gobierno esa partida y luego a recibir su arbitraria repartición.
Esa plata se manejaba alegremente: muchos congresistas en sus chequeras personales. Otros establecieron “Fundaciones”, que eran mascarones de proa para poder avanzar – sin control público – en el abuso de esos dineros oficiales.
El país recuerda los escándalos cuando se investigaron esas “fundaciones”. La inmoralidad se dejó crecer. Esto dañó al partido, diò nacimiento a otra aberración política: el clientelismo.
Atisbos desde 'El Refugio' 
Contactar 
No hay comentarios:
Publicar un comentario